El Gobierno nacional oficializó este lunes el retiro definitivo del Estado nacional de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una decisión que otorga a Catamarca el control mayoritario del ente minero y reconfigura el esquema de gestión de uno de los activos estratégicos del sector.
La medida fue instrumentada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026, publicado en el Boletín Oficial, que aprueba un acuerdo que modifica el histórico Acta del Farallón Negro y reforma la Ley 14.771, norma que regula el funcionamiento de YMAD.
Según el texto oficial, el decreto convalida el “Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro”, firmado el 15 de diciembre de 2025 entre el Estado nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). A partir de este entendimiento, se dispuso el cese de la participación del Estado nacional en la gestión y funcionamiento de YMAD, junto con el deslinde de toda responsabilidad futura que pudiera comprometer recursos del Tesoro Nacional.
Con la reforma, la composición accionaria del ente quedará conformada por un 60% en manos de la Provincia de Catamarca y un 40% correspondiente a la Universidad Nacional de Tucumán, sin intervención del Estado nacional. El decreto contempla además la posibilidad de que ambas partes acuerden en el futuro su eventual retiro o la incorporación de nuevos integrantes, mediante la transferencia total o parcial de sus participaciones.
Otro punto central es la reconfiguración del directorio, que tendrá un impacto directo en la toma de decisiones. A partir de ahora, el presidente y dos vocales serán designados por la Provincia de Catamarca, mientras que los dos vocales restantes estarán a cargo de la UNT, eliminándose la facultad que hasta el momento tenía el Poder Ejecutivo Nacional de designar al titular del organismo.
En términos económicos e institucionales, el decreto también redefine el marco jurídico de YMAD, estableciendo que en sus relaciones con terceros se regirá por el derecho privado, y actualiza los mecanismos de compras y contrataciones, que deberán ajustarse a criterios de publicidad, transparencia y competencia de precios, con impacto directo en la eficiencia operativa del ente.
En los considerandos, el Gobierno nacional justificó la decisión en la necesidad de reducir el déficit fiscal, evitar potenciales compromisos financieros para el Tesoro Nacional y avanzar en un proceso de racionalización del Estado, al considerar que “han dejado de existir” las razones que justificaban la participación nacional en la empresa minera.
La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre la validez del DNU conforme a lo establecido por la Ley 26.122.
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