El Ministerio de Minería de Catamarca mantuvo una reunión de trabajo con directivos de la compañía Abra Silver para analizar el estado del Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente a la etapa de explotación del proyecto Diablillos, el yacimiento de plata y oro que la firma impulsa en Antofagasta de la Sierra, dentro de la zona de cooperación limítrofe con Salta.
El encuentro se enmarcó en las instancias técnicas del proceso de evaluación ambiental y permitió revisar aspectos administrativos y regulatorios, así como los próximos pasos que deberá cumplir la empresa para avanzar hacia la factibilidad del proyecto, una fase determinante para la toma de decisiones de inversión y planificación productiva.
Durante la reunión, los representantes de Abra Silver manifestaron su disposición a responder los requerimientos de la autoridad minera y a trabajar de manera coordinada con el Gobierno provincial en el marco de los procedimientos vigentes.
Por parte del organismo oficial participaron la secretaria de Desarrollo Minero, Antonella Velazco; la directora provincial de Promoción Social Minera, Yesica Jornet; y la directora provincial de Gestión Ambiental Minera, Mercedes Pereyra. En representación de la compañía estuvieron el country manager Eugenio Ponte; el gerente general, Gonzalo Montebelli; Pablo Montebelli, del área de Geoquímica y Geometalurgia; junto a integrantes del equipo técnico de AbraSilver Resource Corp.
Las autoridades detallaron los pasos previstos dentro de la evaluación del IIA, subrayando el cumplimiento de la normativa ambiental y los mecanismos de participación ciudadana contemplados, entre ellos audiencias públicas, acceso a expedientes y otras instancias de consulta destinadas a garantizar transparencia y control social del proceso.
Actualmente, Diablillos transita la fase de evaluación ambiental y estudios de factibilidad, una etapa clave para determinar su viabilidad técnica, económica y ambiental. El proyecto se posiciona como uno de los activos de exploración avanzada de plata y oro en la región andina, y su avance regulatorio es seguido de cerca por el sector público y privado por su potencial impacto en la actividad minera, la generación de empleo y el dinamismo económico provincial.
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