La Ley de Glaciares establece los presupuestos mínimos de protección para glaciares y ambiente periglacial, considerándolos reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano, agricultura y mantenimiento de cuencas. El Ejecutivo nacional entiende que la revisión de esta norma es un reclamo histórico de las provincias cordilleranas y anunció que enviará el proyecto al Congreso al inicio del próximo período de sesiones ordinarias. Un intento previo de modificar la ley dentro del proyecto de Ley Bases fue eliminado durante el debate legislativo.
El anuncio generó expectativas en el sector minero porque una reforma podría destrabar inversiones, especialmente en cobre y litio. Aunque el Gobierno activó el RIGI para atraer capitales, numerosos proyectos —sobre todo de cobre— mantienen dificultades para avanzar debido a la protección de áreas glaciares y periglaciares, donde se ubican los principales yacimientos del mineral.
Uno de los puntos más cuestionados por las provincias es la definición del ambiente periglaciar. Desde el inicio del debate, este concepto generó diferencias entre los actores involucrados. La norma vigente establece una protección amplia de estas zonas, lo que, según los gobiernos provinciales, desalienta nuevas inversiones al no delimitar con precisión dónde se permiten actividades industriales.
En términos técnicos, el ambiente periglaciar incluye suelos congelados o con ciclos estacionales de congelamiento y deshielo, así como cuerpos menores de hielo mezclados con rocas. Su protección implica la prohibición de actividades industriales y mineras. Las provincias consideran que la definición es imprecisa, mientras que organizaciones ambientalistas advierten que una flexibilización podría comprometer reservas de agua dulce.
Otro punto planteado por los mandatarios es que la autoridad de aplicación sea provincial. Argumentan que, según la Constitución, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Actualmente, la ley fija presupuestos mínimos ambientales que las jurisdicciones no pueden reducir, lo que, según los gobiernos, genera incertidumbre y frena inversiones por falta de claridad en la autorización de proyectos.
Tras la sanción de la ley en 2010, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) elaboró el Inventario Nacional de Glaciares, publicado en 2018 y actualizado posteriormente. Ese relevamiento determinó que la mayor concentración de glaciares de escombros —periglaciales— se ubica entre el NOA y la zona central, especialmente en San Juan y Mendoza.
Coincidencias entre los gobernadores
Durante la última reunión de la Mesa del Cobre en Mendoza, los mandatarios provinciales coincidieron en la necesidad de revisar la norma y trasladar la autoridad de aplicación a cada jurisdicción.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, afirmó que el cambio podría concretarse por decreto reglamentario o mediante una ley que permita que cada provincia determine “qué es un glaciar o un periglacial”. San Juan, con seis proyectos de cobre —entre ellos El Pachón y Vicuña— es una de las provincias más interesadas en avanzar con la revisión, aunque también posee una de las mayores superficies protegidas del país.
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, compartió la postura: afirmó que “algunos gobernadores pueden compartir la idea de que debe resolverse en cada provincia, para que cada jurisdicción determine cuáles sectores pueden habilitarse”, y añadió que la normativa actual está “muy trabada” y complica la llegada de inversiones.
En el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en Corrientes, el presidente Javier Milei ratificó su intención de avanzar:
“Ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual se puede empezar a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Lo que permite este proyecto de ley que estamos enviando al Congreso es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. La contracara va a ser una gran inversión en minería”, sostuvo.
Qué establece actualmente la ley
La Ley de Glaciares, sancionada en septiembre de 2010, define los parámetros de protección para glaciares y ambiente periglacial como reservas hídricas estratégicas. Determina que los glaciares “constituyen bienes de carácter público” y fija definiciones técnicas para glaciares y zonas periglaciares en alta, media y baja montaña. La norma creó además el Inventario Nacional de Glaciares.
Entre las actividades prohibidas en estas áreas se encuentran:
-La liberación o disposición de sustancias contaminantes o residuos.
-La construcción de infraestructura —excepto la destinada a investigación científica o prevención de riesgos—.
-La exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
-La instalación de industrias o desarrollos industriales.
Tu opinión enriquece este artículo: